Marta, abuela de Aitor, el niño fallecido de una peritonitis: “La ley no puede actuar ante una negligencia como en un accidente de tráfico”

A Aitor, un amante de la arqueología de ocho años, empezó a dolerle la barriga en octubre de 2020, cuando la covid arreciaba en los centros sanitarios. Su abuela y madre legal, Marta Gonzálvez, llegó a llevarlo en cinco ocasiones durante cuatro días por las urgencias del centro de salud de Petrer (Alicante), su pueblo, y del Hospital de Elda, colindante, sin que ningún médico le pidiera una prueba diagnóstica, pese a que presentaba dolores abdominales y vómitos constantes. Finalmente, en solo cinco días, Aitor falleció de peritonitis. “En ese momento, le hice una promesa”, recuerda su abuela, entre sollozos, “que daría hasta la última gota de aliento para que se le hiciera justicia”. Casi cinco años después, una jueza ha condenado por homicidio imprudente a las dos doctoras que atendieron al menor, con penas de dos y un año de prisión e inhabilitación para la práctica de su profesión de tres y medio y tres años, respectivamente. Gonzálvez, su marido y abuelo del menor y la madre biológica, Dolores, recibirán una indemnización de unos 180.000 euros. “Si en nombre de mi hijo se marca jurisprudencia para que nadie vuelva a pasar por lo mismo, a mí me vale”, asegura Gonzálvez a EL PAÍS, “pero nadie me lo va a devolver”.

Cuando nació Aitor, su madre era “una chiquilla de 15 añitos”, cuenta su abuela. “Nos hicimos con su custodia para darle una estabilidad, los dos vivían con nosotros”. Los abuelos, Marta y José Antonio, entonces trabajaban de auxiliar de geriatría y albañil en Petrer. Hasta el 24 de octubre de 2020, cuando empezaron los dolores, Aitor fue “un niño feliz, con unos valores enormes, que ha dejado huella en todo el pueblo”, afirma Gonzálvez. “Luchó para que se reformara un parque público, le gustaba ayudar a los demás y quería ser arqueólogo, su cuarto aún está lleno de fósiles”, describe. También le apasionaba el mar de El Campello, una turística localidad costera de Alicante, en la que veraneaban. Hasta que se cruzó con dos facultativas que, según la sentencia, a la que ha tenido EL PAÍS, incurrieron en un “error de diagnóstico […] cuantitativo y cualitativo de extrema gravedad, al minusvalorar los síntomas que presentaba el menor”.

El calvario de Aitor empezó a “mediodía” del sábado 24, recuerda el fallo judicial. En el centro de salud, la pediatra de guardia no vio señales de alarma y lo envió a casa. Al día siguiente, a las 9.49, el niño, con vómitos cada vez más persistentes, volvió y la pediatra observó que Aitor se encontraba “ojeroso”, que no toleraba “suero ni otros líquidos” y que, tras palparlo, encontró que presentaba “abdomen doloroso”, por lo que lo remitió a las urgencias del hospital más cercano, el de Elda.

La primera de las encausadas recibe a Aitor a las 18.38 de ese domingo. Pese a los informes previos, “indica que no hay dolor a la palpación”, continúa la sentencia. La médica que explora a Aitor “no cuantifica su frecuencia cardiaca, tampoco solicita ecografía abdominal ni una analítica sanguínea”, pruebas complementarias que “dados los antecedentes del caso” habrían sido “lo indicado”, según la juez. Recomienda a la familia que vuelvan a urgencias “si el niño vomita mucho, cuando ya lo hacía a razón de 7-9 vómitos diarios” y un control del pediatra que ya lo había derivado dos veces al hospital. En opinión de la jueza, esta actuación constituye una “mala praxis con infracción de las normas básicas de su profesión”.

Las visitas a los centros sanitarios se suceden y, finalmente, el miércoles 28, a las 5.28 de la madrugada, los abuelos vuelven a llevarlo al ambulatorio de Petrer, donde lo atiende la segunda condenada, médica de medicina general. La facultativa “no realiza exploración física del menor”, narra la sentencia, “ni le toma las constantes vitales, ni la tensión, ni la frecuencia cardiaca”, tan solo le istra Buscapina, “un medicamento que no se utiliza habitualmente en pediatría”. Pese a los cinco días de dolor, la médica “no lo remitió al hospital de referencia”, sino que lo envió a casa, con lo que, señala la magistrada, “infringió normas básicas de su profesión”. Dos horas después, una ambulancia traslada a Aitor desde su casa al hospital, donde murió. “Al no acordar la realización de pruebas complementarias”, prosigue el dictamen judicial, esta última acusada “no diagnosticó una apendicitis aguda en el menor, lo que dio lugar a una infección en el tracto digestivo con origen en el ciego y que evolucionó a una peritonitis con complicaciones”, y que desembocó en el fallecimiento del niño.

“A lo mejor la tenía que haber liado”

Gonzálvez se quiebra al pensar en el juicio. “Cuando te arrebatan lo más grande, es muy duro tener que estar lidiando con el dolor y, al mismo tiempo, luchando por la justicia”. “La otra parte demostró no tener respeto ni humanidad”, lamenta. La magistrada destaca el comportamiento de la abuela del menor, “que en todo momento fue firme, clara y rotunda en su declaración” ante la jueza, “no apartándose en ningún momento de lo manifestado anteriormente”. “Los tres días de juicio me hicieron sentir que yo lo había hecho mal”, cuenta, “y que la jueza reconozca mi labor, para mí es mucho”. “Cuando entramos en un hospital, tenemos que confiar en los médicos”, sostiene, “pero en el juicio llegué a pensar que a lo mejor la tenía que haber liado en el hospital para que me hicieran caso”.

“Cuando llegué vi al nene en silla de ruedas, que se retorcía de dolor”, declaró en el juicio una persona que coincidió en las urgencias del hospital. “El niño estaba malito, malito, se sujetaba el abdomen y se quejaba”, continuó. El fallo, contra el que cabe recurso, condena a dos años de prisión y tres y medio de inhabilitación para la práctica de la medicina a la primera de las procesadas, y a un año de cárcel y tres de inhabilitación a la segunda. Como responsables civiles, la aseguradora Berkshire Hathaway y, de forma subsidiaria, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, deberán indemnizar a la abuela, con 114.203 euros, y a José Antonio y a Dolores, con 32.629 euros.

“No he recibido ni una sola llamada de la consejería o del hospital pidiendo disculpas”, protesta Gonzálvez. “Espero que ahora no tengan la poca dignidad, la bajeza de recurrir”, en cuyo caso, “no me quedaré tranquila y seguiré firme”. La familia, junto con víctimas de casos similares, siguen acudiendo “al Congreso, a las Cortes Valencianas, a todas partes” para que “se cambien las leyes y no se actúe ante una negligencia médica como si fuera un accidente de tráfico”. Pero “nadie nos hace caso, de ningún partido, no nos quieren escuchar”, se queja. Marta pidió la baja porque tras lo ocurrido no se vio con capacidad de cuidar de nadie y ha obtenido la incapacidad permanente. Su marido se ha jubilado. “Mi hija ha rehecho su vida y ha tenido dos nenes, a quienes les hablamos mucho de su hermano”.