La Suprema Corte ordena la liberación de Juana Hilda González y desnuda la fabricación del ‘caso Wallace’

La Suprema Corte de Justicia ha marcado historia al emitir una sentencia que ordena la liberación absoluta de Juana Hilda González Lomelí, acusada falsamente hace dos décadas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la influyente empresaria y activista Isabel Miranda, recién fallecida. La decisión del alto tribunal desmonta uno de los mayores ejemplos de la corrupción de la justicia en México, pues demuestra que el caso Wallace se construyó con base en actos de tortura y pruebas falsas. La sentencia, elaborada por el ministro Alfredo Gutiérrez, es acaso el cierre con broche de oro del máximo tribunal, que a partir de septiembre será reemplazado por una nueva Corte integrada por los togados recién electos por voto popular. Los actuales ministros sacaron adelante el proyecto de Gutiérrez a pesar de las duras presiones a que los sometió la Fiscalía General, que exigió al Supremo no votar el asunto y dejarlo en manos de los nuevos integrantes del alto tribunal, en su mayoría alineados al oficialismo.

Juana Hilda lleva 20 años en prisión, como parte de una condena de casi ocho décadas. El corazón de la sentencia de Gutiérrez sostiene que las declaraciones en las que la mujer “reconoció” su participación en el delito fueron arrancadas a la acusada mediante tortura, por lo que, agrega la resolución, son inválidas las “pruebas” obtenidas por la Fiscalía con base en esas confesiones ilícitas. Esta conclusión supone, en el fondo, que Juana Hilda y un grupo de coacusados, como Brenda Quevedo, han sido víctimas de un montaje encabezado por Isabel Miranda, quien contó con la colaboración de funcionarios de todos los niveles en la Fiscalía (antes Procuraduría) y en los círculos de la política nacional. Coincidentemente, Miranda murió hace unas semanas en circunstancias muy turbias.

La sentencia aprobada por la Corte relata que Juana Hilda fue detenida en 2006 a partir de testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en Ciudad de México. En sus primeras declaraciones, la mujer negó haber participado en el delito. Solo se “autoinculpó” en una confesión posterior, bajo amenazas de agentes de la Procuraduría. Entonces “aceptó” todo: que engañó a Hugo Alberto Wallace para llevarlo a su casa, donde sus “cómplices” lo esperaban para someterlo y secuestrarlo; que lo golpearon de más, al grado de provocarle un infarto, por el que murió; que descuartizaron su cuerpo con una sierra eléctrica y arrojaron sus restos al drenaje; que, antes de eso, le tomaron fotos simulando que estaba vivo para exigir un pago por su rescate a Miranda de Wallace.

La resolución hace notar que, antes de esa “confesión”, las autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda, sin hallar pruebas relevantes. Incluso, se levantó el aseguramiento del inmueble y este volvió a ser rentado a otro inquilino. Después de la declaración de la mujer —tras la tortura y las amenazas—, en una nueva diligencia, los agentes de la Procuraduría encontraron una licencia de conducir de Hugo Alberto Wallace, y la “prueba” definitiva: una gota de sangre que los supuestos captores no limpiaron de la tina del baño. Ni a la Fiscalía, ni a los jueces que emitieron la sentencia, les importó que Juana Hilda alegara actos de tortura y que sus declaraciones fueran obtenidas en condiciones absolutamente ilícitas.

La propia Juana Hilda denunció ante un juez que, mientras estaba recluida en las instalaciones de la PGR, la visitaron agentes del Ministerio Público que, en ausencia de su defensa legal, la presionaron con amenazas de tortura y violación, y le dijeron que le harían daño a su madre, su hija y su hermano. “Todo ello, si no confesaba los hechos”, recoge la resolución de la Corte. Sin embargo, lejos de ordenar que se investigasen los actos de tortura denunciados por Juana Hilda, como correspondía conforme a los tratados internacionales, la Procuraduría y los jueces dieron valor a las “pruebas”. “Existen elementos suficientes para considerar que Juana Hilda no confesó de manera libre y voluntaria, sino mediante presiones, intimidación y amenazas”, señala el documento de sentencia.

El recurso de amparo de Juana Hilda llegó a la Corte luego de dos sentencias distintas de tribunales colegiados que la revictimizaron. Uno de los tribunales ordenó en su momento a la PGR reponer el procedimiento, que no hizo sino perjudicar más a la mujer. Por ello, esta vez, el ministro Gutiérrez ha propuesto a los togados no ordenar una nueva investigación, sino la liberación inmediata de Juana Hilda, no sin antes lanzar una dura crítica a la labor de la Procuraduría. La sentencia fue aprobada en la Primera Sala de la Corte por cuatro votos a favor y uno en contra del ministro Jorge Pardo, que, en privado, expresó a sus compañeros dudas sobre la culpabilidad de Juana Hilda, de acuerdo con fuentes de la Corte.

Hasta momentos antes de la votación había dudas de si se lograría la mayoría porque la Fiscalía, dirigida ahora por Alejandro Gertz, reclamó al Supremo que el proyecto se hubiera filtrado a la prensa días antes y exigió inhabilitar al ministro Gutiérrez para votar su propuesta; además, la dependencia pidió que el asunto se aplazara argumentando que “no es el momento oportuno para resolver un asunto tan relevante y mediático en el país”, pues, a raíz de la reciente elección judicial, señaló, hay “zozobra” respecto de la nueva conformación de la Corte. Las inquietudes de la Fiscalía, sin embargo, fueron desestimadas por los togados.