La pesadilla de Rosa, que usa un nombre ficticio, empezó hace siete años cuando abrió un pequeño restaurante en San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras asolada por la violencia de las maras. Una vez su comida casera se hizo popular entre los vecinos, recibió el mensaje anónimo que marca un antes y un después en la vida de muchos hondureños: “Usted tiene una hija. Sabemos todo de ella, los caminos que usa para ir a la casa y las zonas que frecuenta”. La Mara Salvatrucha o MS13 había empezado con la extorsión. La historia de Ana, quien también emplea otro nombre, es prácticamente un calco de la de Rosa. Tras años trabajando en una gran corporación, esta profesora universitaria de 61 años se inclinó por una vida más tranquila y abrió un comercio de joyería, bisutería y complementos en Tegucigalpa, la capital del país. Fue un domingo de misa cuando recibió el mismo mensaje de un miembro de la MS13. Aseguraba conocer los movimientos de su hijo, que por entonces tenía 16 años, y le amenazaron con verlo morir, junto a otros familiares, si no colaboraba. “Cuando recibí la llamada el mundo entero se me cayó encima, empecé a llorar y corrí a buscar a mi hijo a la escuela”, lamenta.

Residente en Nou Barris (Barcelona), Rosa todavía no ha logrado desvincularse de las maras porque en San Pedro Sula los líderes pandilleros viven a escasos metros de su hija. La MS13, la mara con más adeptos del pequeño país centroamericano, le obliga a pagar el llamado “impuesto de guerra o del miedo”, que consiste en el pago de 50 dólares mensuales para que la pandilla “proteja” a su hija de 25 años de la mara rival, la Barrio 18.

Las mujeres son el colectivo más afectado por la violencia de las maras. Según la Asociación de Hondureños de Barcelona, muchas extorsiones se dan en círculos sociales cercanos, incluso familiares. Por eso muchas madres huyen sin poder llevar consigo a sus hijos menores de edad, ya que la ley hondureña estipula que para llevarse al menor necesitan el consentimiento del padre, muchas veces vinculado a las maras.

Ana vive en Valencia desde hace dos años, tras un breve paso por Madrid. A diferencia de Rosa, no paga el impuesto porque logró llevarse a su hijo con ella, pero sabe que no puede volver. “No hay un solo hondureño que se libre de las maras. Si quieres irte, debes llevarte a toda tu gente contigo”, lamenta. La extorsión se ha convertido en la principal fuente de financiación de los pandilleros del Triángulo de Centroamérica que conforman Honduras, Guatemala y El Salvador.

Rosa sospecha que la MS13 tiene controlados sus movimientos también en Barcelona. Recibe mensajes anónimos en los que le aseguran conocer dónde trabaja o qué línea de metro coge de forma habitual. “Aunque en España me siento segura, nunca estoy tranquila porque mi hija sigue allí”, cuenta Rosa. Al dejar a su hija allí, Rosa está obligada a pagar el impuesto de guerra porque siempre llega el momento de volver a su país a visitarla. “Cuando voy, debo informar primero. Ahí es cuando los mareros me piden dinero en efectivo, zapatillas de marca, relojes o lo que a ellos les plazca”, relata.

Hasta ahora no había evidencias de que hubiera mareros asentados en España, pero una operación conjunta de la Policía Nacional, el FBI estadounidense, la Policía Nacional Civil de El Salvador y la Guardia Urbana de Barcelona destapó en marzo un entramado de la MS13 en suelo español. El operativo se saldó con 27 detenidos: 18 en Madrid, siete en Barcelona, uno en Tarragona y otro en Alicante. Se les acusa de participar presuntamente en los delitos de pertenencia a organización criminal, homicidio, lesiones, robo con violencia y delitos contra la salud pública.

Los detenidos, integrantes de la MS-13 formarían parte en España de un “programa” (conjunto de diferentes “Clicas” o subestructruras agrupadas bajo el liderazgo de la conocida como “Clica Adams”) que pretendía establecerse y expandirse de forma violenta en el país, siguiendo instrucciones desde el continente americano. En febrero de 2024 la Policía Nacional ya detuvo a 15 personas relacionadas con la Barrio 18 en Nou Barris y Hospitalet de Llobregat, y que pretendían instalarse en la ciudad condal. Los investigadores pudieron constatar que esta organización criminal tiene una estructura sólida y jerárquica, en la que los roles estarían bien definidos. Como método principal de financiación, este “programa” se valía del tráfico de estupefacientes y su objetivo era la obtención de armas de fuego, habiendo estado sus ya implicados en homicidios consumados y otros en grado de tentativa.

Aunque en España me siento segura, nunca estoy tranquila porque mi hija sigue allí.

Rosa, víctima de extorsión

Las maras se organizan alrededor de grandes estructuras, como la Salvatrucha y la Barrio 18, presentes en los tres países, pero también emplean el robo, el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico, el sicariato y la venta y distribución de armas. El estudio La nueva cara de las pandillas de la Florida International University― centrado en El Salvador y que explica el conflicto en Honduras y Guatemala―revela que las dos maras acaparan al 95% de los pandilleros. En Tegucigalpa (Honduras) dos tiendas de barrio cierran cada día a causa de las extorsiones, según datos de la Asociación de Consumidores y s. En El Salvador, el 23% de las personas reconoce haber sido ser víctima de extorsión en alguna ocasión. Y en Guatemala, las denuncias por este motivo incrementaron un 55% entre 2013 y 2018.

Reconocimiento de la protección internacional

El derecho al asilo es un quebradero de cabeza para los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, ya que España rechaza la mayoría de solicitudes al considerar que la actividad delictiva de las maras se trata de delincuencia común. De esas 3.685 personas de esas nacionalidades han solicitado asilo en España en 2024, solo se han concedido 719, según el último informe de 2024 de la Comisión Española de Atención al Refugiado (CEAR). La Audiencia Nacional no reconoció la protección internacional a las víctimas de maras hasta 2017, cuando revisó las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La coordinadora estatal del departamento jurídico de la CEAR, Elena Muñoz, confirma que la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha reconocido el estatuto de refugiado a algunas víctimas de maras, especialmente a las mujeres y a la comunidad LGTBI, los dos colectivos más perjudicados por la violencia de las pandillas. “Sobre todo en Honduras ha aumentado la aceptación de solicitudes de asilo, pero las cifras siguen siendo demasiado bajas”, denuncia Muñoz.