El PSOE andaluz acusa de un “posible delito de prevaricación” al presidente de la Cámara de Cuentas

El PSOE andaluz ha acusado este miércoles de “un posible delito de prevaricación” al presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, por frenar un informe de fiscalización de los contratos menores de la Junta de Andalucía entre 2022 y 2023 cuando, en opinión de los socialistas, debió abstenerse, ya que afectaba a un periodo de su gestión como viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en la anterior legislatura.

Los socialistas han pasado de hablar de “un evidente conflicto de intereses” de Cardenete, como se recoge en la proposición no de ley en la que reclamaban su reprobación, a un “posible delito de prevaricación”, como ha dicho su portavoz, Mario Jiménez, desde la tribuna del Parlamento. El que el PSOE añada gravedad a las decisiones del presidente de la Cámara de Cuentas apunta a que en este partido van a ir más allá de las palabras y que sopesan plantear acciones jurídicas en los tribunales. La reprobación no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PP (mayoría absoluta) y Vox.

No obstante no hay nada decidido y tampoco está claro que los consejeros a propuesta del PSOE y de Por Andalucía en el órgano de control externo de la Junta de Andalucía vayan a recursar a su presidente, al que eligieron por unanimidad. No lo hicieron cuando los consejeros a propuesta del PP y de Vox decidieron paralizar –“se pospuso”, según la Cámara de Cuentas- un expediente de fiscalización sobre los contratos menores formalizados por diversos organismos del sector público andaluz durante los ejercicios de 2022 y 2023. La elaboración de este expediente formaba parte del plan de actuación de la Cámara de Cuentas para 2024, aprobado en diciembre de 2023.

Según la versión de la Cámara de Cuentas, el informe se paró “por la existencia de un proceso judicial en curso, ante el que la Cámara quiere mantener una posición neutral, para evitar interferir en su desarrollo”. Alude de esta manera a la investigación judicial abierta por una jueza de Cádiz sobre presunta malversación en el fraccionamiento de contratos sanitarios por la central de compras del Servicio Andaluz de Salud de Cádiz por valor de 235 millones de euros durante 2021.

Jiménez ha recordado que Cardenete se abstuvo en otros expedientes fiscalizadores que tenían que ver con su etapa en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y istración Local y ha sostenido que, si no lo hizo de nuevo, fue “porque había que paralizar a cualquier precio la fiscalización de gastos de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con amiguetes por 1.500 millones que se están investigando en los juzgados”.

La teoría del PSOE es que esta paralización intenta “tapar el mayor caso de corrupción” de Andalucía sobre los contratos sanitarios que investigan un juzgado de Cádiz y otro de Sevilla. En esta tesis incluyen la decisión del Gobierno andaluz de quitar a la Intervención General del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el control financiero permanente, que atañe a más del 80% de sus contratos. La Consejería de Hacienda atribuye esa decisión al objetivo de “agilizar” los controles.

En vísperas de la comparecencia a petición propia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, para informar sobre la situación política de Andalucía, en el Parlamento andaluz solo se ha hablado de corrupción. De los casos de Filesa, Malesa, Gürtel, Púnica, Faffe, de prostitutas brasileñas, de los ERE, por citar solo unos pocos.

El PP ha situado a España “como la capital mundial de la corrupción” y ha acusado al PSOE de implantar “la Stasi, como en la Alemania del Este”; el PSOE ha calificado la “trama del SAS” como el mayor caso de corrupción de la comunidad urdida en el despacho de Moreno; Vox ha pedido al PP que “le eche cojones” y pida al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que presente una “moción de censura”; desde Por Andalucía se ha acusado al PP de actuar como la mafia por las investigaciones policiales a sus diputados en el Congreso; y desde Adelante se ha clamado “porque alguien vigile al ladrón”.

La Cámara ha aprobado con el voto de PP y Vox la petición de “disolución inmediata” de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Al Parlamento andaluz aún le quedan unos meses de actividad hasta las elecciones de la primavera de 2026.