La abstención del PP permite tramitar en Castilla y León la Ley LGTBI+ impulsada por el PSOE

Las Cortes de Castilla y León han aprobado una proposición de ley para dotar a la comunidad de una normativa LGTBI y, de ratificarse, dejar de ser la única comunidad autónoma española sin este reglamento propio. La propuesta la ha emitido el PSOE y ha prosperado gracias a la abstención del PP, partido que durante varias legislaturas ha bloqueado iniciativas similares. El movimiento del PP, al mando en solitario y en minoría de la Junta, llega en un periodo preelectoral, con comicios presumiblemente en primavera de 2026. Solo Vox y dos procuradores ultras que abandonaron el grupo han votado en contra de la medida.

La aprobación se ha producido en la sesión parlamentaria de este miércoles, de las últimas antes del parón veraniego. El orden del día incluía una propuesta socialista para dotar a Castilla y León de una ley LGTBI propia más allá de los marcos estatales, especialmente al ser esta la única comunidad sin un reglamento específico en la materia.

El planteamiento del PSOE, esgrimido por su procurador Miguel Hernández Alcojor, pasa por acordar 76 artículos y se ha tenido en consideración a colectivos y asociaciones de Castilla y León para afinar en su contenido. Alcojor ha incidido en la necesidad de abordar el “sexilio”, un concepto que alude a las dificultades de las personas de los medios rurales para expresar su sexualidad más allá de lo convencional y lo tradicional en estos entornos, y que genera una “doble discriminación” en comunidades pequeñas. El ponente de esta proposición de ley ha cargado contra la ultraderecha, a quien ha acusado de azuzar el movimiento reaccionario detrás del crecimiento de las agresiones a personas LGTBI. Vox ha sido precisamente el único grupo parlamentario que ha votado en contra de este planteamiento, tanto sus 11 parlamentarios como otros dos que abandonaron la disciplina de partido por causas internas y se integraron en el Grupo Mixto.

La sorpresa la ha protagonizado el PP, que gobierna Castilla y León desde 1987. Los de Alfonso Fernández Mañueco se han abstenido ante la iniciativa del principal grupo de la oposición, que junto al apoyo de los partidos localistas, Podemos y Francisco Igea como independiente ha conseguido el refrendo parlamentario. La diputada del PP Noemí Rojo ha defendido la postura de su grupo alegando que la Junta “no mira para otro lado” para apoyar a estas personas y ha criticado al PSOE que su reglamento bosquejado “no amplía derechos más allá de los consagrados a nivel estatal”.

También ha asegurado que incorpora otros que no son de competencia autonómica y ha añadido que la Constitución y el Estatuto de Autonomía ya “garantizan” el bienestar de este colectivo, si bien pese a los reproches el PP se ha puesto de perfil. Con su abstención posibilitan la tramitación parlamentaria de esta ley, aunque hay un matiz: la legislatura se encuentra en sus postrimerías.

Mañueco tiene como plazo máximo para celebrar elecciones marzo de 2026, a menos que las adelante por tacticismo político o para engancharse a una convocatoria general, según fuentes de su partido. Por tanto, con esta abstención no se posiciona en exceso, según explica un miembro del PP, ya que no hay tiempo para que se redacte apropiadamente la normativa y se refrende en las Cortes: “No tiene más explicaciones que esa. Abstenerse es como no decir nada. No va a salir esa ley, ¿¡Cómo va a salir!? Se empezaría a tramitar a la vuelta del verano, en septiembre, y no daría tiempo”.

La única oposición rotunda la ha presentado Vox. Su parlamentario José Antonio Palomo ha tildado la propuesta de “claro adoctrinamiento institucional” y ha reiterado proclamas reaccionarias como “ideología de género” o “privilegios en un adoctrinamiento” para justificar estos avances sociales y legislativos. “Hoy defendemos la libertad de vivir en paz y no ser parte de un experimento ideológico”, ha proclamado. Vox preside las Cortes de Castilla y León en 2022 y desde entonces se ha negado a colgar distintivos LGTBI o banderas en el edificio hasta el punto de amenazar con mandar a personal de seguridad para retirar las enseñas que colocaba el PSOE en sus despachos.

Este movimiento, que no tiene por qué traducirse en una normativa real a corto plazo, se vio precedido por intentonas similares en la legislatura 2019-2021, con Ciudadanos como socio del PP. Fuentes de este partido recuerdan que “el PP no quería” cuando sus aliados plantearon un reglamento de estas características y coinciden en achacar la abstención de este miércoles a estrategias electoralistas.