Mi trabajo me pone enfermo

Yanira Briceño está a punto de cumplir 60 años y lleva los últimos 17 trabajando como limpiadora. Con el paso del tiempo, tareas como usar la fregona y escurrir los trapos le han provocado lesiones en ambas muñecas. De la derecha se operó hace dos años y está en lista de espera para la izquierda. Tras recuperarse de la primera intervención, se reincorporó a su puesto en un colegio de Valladolid y aunque le cambiaron las herramientas que debía utilizar ―le pusieron un cubo con pedal para eliminar el agua―, seguir realizando los mismos movimientos repetitivos le provocó también una lesión en la cadera. “Mis hijos y mi marido me dicen que lo deje. Que busque otro trabajo que no me castigue tanto la salud, porque de verdad que ahora me cuesta mucho. ¿Pero a dónde voy a ir a buscarlo a mi edad?”, reconoce entre lágrimas al otro lado del teléfono. Pese a que su médico de cabecera le dio una nueva baja por los problemas en la pierna, sigue trabajando porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no se la reconoce.

Luis Carnota, con los 60 ya cumplidos, conduce camiones desde hace 25 años. En este tiempo ha sufrido dos desprendimientos de retina mientras estaba en carretera, uno en cada ojo, producto de las vibraciones que se producen en la cabina del vehículo, según asegura. “En mi empresa no hay mes en el que no haya bajas. Esta profesión tiene los índices de siniestralidad más elevados de todas (el año pasado murieron 138 trabajadores, la mayoría de ellos por enfermedades coronarias), y a nadie le importa”, protesta. “Ya no son solo las ingentes horas que estamos en el camión sentados, o que no podamos parar a comer, o descansar, por ejemplo, es que la mayoría de las veces tienes que asegurar la mercancía del camión. Colocar y tirar de la lona, ¿tú sabes lo que cuesta eso? A veces a pleno sol, y hay quien se ha llegado a desplomar”, relata. “La gente llega a la jubilación con un estado de salud deplorable, tanto física como anímicamente. Ahora no hay conductores y los que estamos, lo queremos dejar”, advierte.

Estos dos testimonios no son una anomalía. Un millón y medio de trabajadores faltan a su trabajo cada día. No acuden, principalmente, porque están de baja y muchas de las enfermedades que padecen tienen su origen, precisamente, en el trabajo que realizan. Un palíndromo vicioso al que la negociación colectiva quiere colocarle el cascabel. Por primera vez, tras casi un año de negociación fallida, el Ministerio de Trabajo está abierto a negociar con los empresarios la incorporación de mecanismos internos que combatan estas ausencias y lograr así su apoyo a la reducción de jornada.

Estas conversaciones se están dando a la par que la mesa de negociación sobre la mejora de la prevención de los riesgos laborales, que viene liderando también el departamento que dirige Yolanda Díaz durante los últimos 15 meses. “Sospecho que las organizaciones empresariales les están presionando con el hecho de que tenemos dos mesas abiertas y que nos estamos acercando a los momentos decisivos”, indica Mariano Sanz, secretario Confederal de CC OO Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. “Creemos que lo que ellos quieren es vincular unos contenidos con otros. La realidad es que el gasto en materia de incapacidad temporal ha dado un salto importante y esto ha disparado las alarmas en muchos lugares”, añade.

Según los últimos cálculos patronales, el gasto para cubrir este tremendo agujero fue de más de 30.000 millones de euros el año pasado, sumando la parte que abonaron las firmas (unos 14.000 millones) y la Seguridad Social. Esta “enfermedad económica”, como la califica Antonio Garamendi, líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se ha agravado en la última década. Entre 2014 y 2024, la duración media de los procesos de incapacidad temporal ―como se conoce coloquialmente a las bajas laborales―, ha pasado de 37,51 a 39,09 días; y el número de personas que están cada día de baja (medido a partir de la prevalencia por cada 1.000 trabajadores) ha crecido de 24,27 a 53,18, más del doble. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para detener esta tendencia? Son las dos preguntas que flotan continuamente en el ambiente.

“La pandemia provocó un cambio de mentalidad. Y ahora mucha gente cada vez que se encuentra mal, ya sea física o mentalmente, va al médico a pedir la baja”, analiza Francisco José Sáez, responsable del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). A este cambio de comportamiento se suma, en opinión de este facultativo, el hecho de que las mutualidades rechacen el reconocimiento de las bajas, derivando a los afectados a la sanidad pública, lo que satura el sistema. “Las bajas más comunes son las relacionadas con patologías de traumatología, cardiología o aquellas con características psiquiátricas y que, por la demora que tienen en su atención, están alargando de una manera excepcional tanto el número como la duración”, añade.

En su opinión, el hecho de que sean únicamente los médicos de familia ―tanto los del sector público como el privado―, los que puedan expedir estas bajas, “y que tengamos que fiarnos de lo que nos dice el paciente sobre su trabajo, sin que podamos comprobar si su afección le impide desempeñarlo con normalidad”, son otras dos circunstancias que contribuyen a estrechar aún más el cuello de botella istrativo. Como remiendo, Sáez reclama una mayor implicación y permeabilidad de las mutuas, a las que acusa de no reconocer las bajas para evitar sufragar su coste.

En el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en 2023, sindicatos y empresarios acordaron aumentar el peso de las mutuas en la gestión de las bajas, especialmente en las traumatológicas. “Nuestros estudios demuestran que en el sector de la distribución alimentaria la duración media de las bajas gestionadas por las mutuas es 33 días inferior a la de la Seguridad Social (de 42 y 75 días, respectivamente), debido a la elevada carga asistencial y burocrática que registran los servicios públicos de salud”, analiza Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), de la que forman parte firmas de peso como Mercadona, Dia o Lidl.

“En sectores tan intensivos en el empleo como el nuestro, el absentismo genera unos costes tremendos. Aunque todo el mundo debe buscar soluciones, nosotros tenemos bastante claro que corresponde a las autoridades, y sobre todo a los servicios de salud y a los médicos tomar conciencia, igual que hacen con la contención del gasto farmacéutico. Deben entender que dar una baja a un trabajador tiene un impacto económico en todo el sistema”, añade. Este enfoque meramente económico no convence a los sindicatos. “Nosotros siempre hemos insistido en que es necesario que se dé un enfoque clínico y sanitario al asunto, y no tanto a la problemática o al daño que pueden hacer el aumento de las bajas laborales a la economía de las empresas o a las prestaciones del Gobierno”, conviene Patricia Ruiz, secretaria Confederal de Salud Laboral de UGT.

¿Y si el problema está en que cualquier empleo (como el tabaco) perjudica seriamente la salud? “La intensificación que ha experimentado el trabajo hoy es una realidad. Los ritmos y las presiones se han ido acelerando y esto es un signo detrás de lo que está pasando”, analiza Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Trabajo y postmodernidad, el empleo débil (Fundamentos). “La precariedad laboral y el hecho de que mucha gente trabaje con mucha menos seguridad y a costa de su salud es una realidad. Lo mismo que la pérdida de las relaciones humanas que se está dando, ¿no? Siempre se ha señalado que afianzar las relaciones personales y crear un buen ambiente de trabajo tiene efectos beneficiosos en las personas. Y ahora, esta falta de humanización está provocando justamente lo contrario", remarca Alonso.

Retiro anticipado

Además de estar trabajando en sacar adelante la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales ―que los empresarios rechaza de plano porque consideran que también podría agravar en lugar de corregir el auge del absentismo―, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, también ha aprobado recientemente un nuevo reglamento para extender la aplicación de coeficientes reductores a más profesiones, singularmente a aquellas que acrediten un volumen elevado de bajas laborales, ya sean por contingencias comunes como profesionales. Un matiz relevante, ya las mayoritarias son las primeras, y a muchos empleados les lleva años de batalla legal conseguir que se les reconozcan afectaciones derivadas de su profesión que les permitan, como en el caso de Yanira Briceño, acceder a una incapacidad permanente por enfermedad laboral.

Los coeficientes reductores permiten que cada año trabajado cuente como un periodo más largo. Esto es, que sea más rápido alcanzar el número de años cotizados necesario para poder acceder a la jubilación, y, por consiguiente, a una edad más temprana. Los mineros, los trabajadores del mar o la mayoría de policías autonómicos ya disponen de este derecho, y ahora podrían sumarse muchos más trabajadores, siempre y cuando cumplan con el requisito de las bajas.

“La mayoría de la gente lo que busca como loca es una incapacidad laboral o jubilarse antes. Y eso refleja muy bien la verdadera dimensión multifactorial del problema y la enorme complejidad que tiene resolverlo”, asevera el catedrático Alonso. “Hace falta un análisis mucho más fino del que se ha venido haciendo hasta ahora. Y que, en mi opinión, retrata muy bien la necesidad de una modernización total de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales”, remacha.