Petro insiste en una Asamblea Constituyente si las cortes tumban su consulta popular
El ministro de Justicia designado asegura que la Constitución se ha convertido en un “obstáculo” para las reformas sociales y que necesita un rediseño


El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en la idea de convocar una Asamblea Constituyente si las cortes tumban la consulta popular que el Gobierno se propone sacar adelante contra viento y marea. “Si se cae en la Corte [Constitucional], se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente”, ha dicho en una entrevista con CNN. “Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, ha concedido acerca de los tiempos, pues le queda poco más de un año en el poder.
La víspera, el mandatario ya había retomado la idea de una Constituyente durante un discurso en la ciudad de Cali para defender el polémico decreto presidencial que da vuelo a una consulta popular cuya legalidad cuestionan la mayoría de los expertos jurídicos. “El pueblo ya decidió y no se va echar para atrás. Todos los instrumentos que existen en Colombia, inclusive la Asamblea Nacional Constituyente, se usarán”, en caso de que la consulta no salga adelante, aseguró desde la tarima.
#POLÍTICA. El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) aseguró que si la Corte tumba la convocatoria a la Consulta Popular el pueblo en elecciones pedirá “masivamente” la Asamblea Nacional Constituyente.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 12, 2025
“Si se cae la corte, se recogerán 8 millones de firmas del pueblo… pic.twitter.com/UE5vn1EzJj
Su nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha abundado este jueves en esa misma idea. “Después de 30 años de experiencia, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, ha señalado hacia el final de una extensa entrevista de casi 50 minutos con Blu Radio. La carta política, ha asegurado el abogado que aún no asume formalmente el cargo pero ya actua como cerebro jurídico del Ejecutivo, “ya no tiene una capacidad de resolver los problemas del siglo XXI”.
“Yo vengo apoyando la necesidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente desde hace muchísimos meses”, ha subrayado Montealegre, un polémico jurista de larga trayectoria que ha sido, entre muchos otros cargos, fiscal general de la Nación y magistrado de la Corte Constitucional. Este viernes se posesionará como el tercer jefe de la cartera de Justicia en el periodo de Petro.
El nuevo ministro, que ya venía asesorando al presidente desde hace tiempo, explicó que Petro se plantea “una convocatoria constituyente de origen popular”, de allí que hable de los 8 millones de firmas, en referencia al 20% del censo electoral en un país de 52 millones de habitantes. “Los mecanismos de participación ciudadana en desarrollo de la Constitución del 91 presentan la posibilidad de que existan iniciativas legales de origen popular”, sostuvo en la entrevista. Montealegre, que se reconoció como un “hereje”, fue incluso un paso más allá al decir que a su juicio un proyecto de ley con 8 millones de firmas no necesita pasar por el Congreso.
El llamado ‘decretazo’, ya firmado por el presidente y todo su Gabinete, convoca a los colombianos a las urnas para responder en una consulta popular si están de acuerdo con una docena de propuestas en asuntos laborales, principalmente, y también sanitarios. Para la oposición y la mayoría de los constitucionalistas, se trata de una decisión contraria a la Constitución. El camino está plagado de incertidumbre jurídica y en cuestión de horas ya ha sido objeto de demandas y acciones de tutela. El presidente ahonda así su dilatado desafio al Congreso, donde hace tránsito la revivida reforma laboral, cuyo hundimiento fue el motivo original que esgrimió el Gobierno para convocar una consulta popular, y lo traslada también a la rama judicial, por lo que sus opositores lo acusan de violar la separación de poderes.
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